LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS SON… LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Una injusticia social cada vez más visible 

Por Elena Duker  eleduker@gmail.com

Si hay algo para lo que sirven las crisis dentro del contexto de un país es para visibilizar situaciones anómalas que en tiempos de vida normal pasan desapercibidas, pero que cuando emergen producto del descalabro económico que provocan obliga a quienes tienen la responsabilidad de gobernar a mirarlas,  analizarlas y repararlas. Y a los ciudadanos nos da la oportunidad de pensar la cuestión sin hipocresías ni egoísmos ni ideologismos, poniéndola en el tapete de la discusión política y exigiendo un cambio.

La idea de “injusticia social” de la que voy a hablar me la inspiró la lectura de un artículo publicado en este mismo sitio por el Dr. Francisco Dichiara referido a la injusticia social entre quienes hacen facturas y pagan impuestos y quienes no:

https://gabrielagatino.blogspot.com/2020/03/no-pida-factura-dejese-robar.html?m=1

El término “injusticia social” es apropiado para clarificar una realidad que no es tenida en cuenta por los políticos – ni partido gobernante ni oposición- y que es la desigualdad social (y su hija, la injusticia social) que  existe en nuestro país entre quienes son empleados públicos y los trabajadores (en relación de dependencia  y autónomos) que no lo son. 

Por empleados públicos me refiero a todos aquellos que cobran un sueldo del Estado sin diferencias de rangos (desde ministros, legisladores, asesores de legisladores, funcionarios de organismos y empresas públicas, directores de bancos oficiales,  docentes y  simples  empleados). Son sueldos pagados por todos los argentinos en tanto que son sueldos públicos.

Cuando el 20/3/2020 el presidente decretó que todos los argentinos- salvo los trabajadores de las actividades esenciales de salud, alimentos y seguridad- debían cumplir un aislamiento social obligatorio quedándose en sus casas hasta el 31 de marzo, lo que implicaba para muchos trabajadores del sector privado no ir a trabajar a su oficina, no abrir su negocio o consultorio, no ir a prestar un servicio, hubo un fuerte apoyo popular a la medida sanitaria, pero también surgieron muchas preocupaciones: las de las personas que viven  del sueldo que les paga su empleador- empresa pyme o mediana-grande- porque saben que si no hay actividad su empleador no facturará, y por lo tanto se le cortará el flujo de ingresos y no tendrá dinero para pagar sus sueldos y, peor aún, pueden quedar despedidos. La misma preocupación tiene el monotributista y autónomo que tiene un comercio, o presta un servicio, o es un profesional independiente y durante el tiempo que dure la obligación del aislamiento tampoco podrá facturar ni tener ingreso de dinero alguno.

Hay incertidumbre y angustia en estas personas. Porque, obviamente, lo primero es la salud, pero para tener salud también hay que poder pagar la vivienda y la comida, y eso se hace sólo con dinero, no con cháchara.  Por eso es falso decir que “si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida”, como dijo nuestro presidente (23-03-2020).

Quienes están acostumbrados a obtener su dinero trabajando en el sector privado hoy están literalmente desesperados. Y sabemos que el impacto emocional de la angustia, el miedo y la preocupación afecta directamente a la salud, algo que no está siendo tenido en cuenta por la política. El panorama se agravó desde el momento en que el presidente prolongó la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril de 2020 (y tal vez se siga prolongando, lo cual agravaría la situación).             

Ahora bien, el contexto emocional y económico arriba descripto es completamente diferente para quienes son empleados públicos.  Ellos pueden hacer la cuarentena en sus casas, tranquilos, sin la  desesperación de necesitar ir a trabajar cuanto antes para obtener ingresos, porque tienen la seguridad de que a fin de mes cobran el sueldo completo. 

Y esto constituye una verdadera injusticia social.  Porque visibiliza a una clase social privilegiada y protegida por el Estado (empleados públicos) frente a otra  totalmente desamparada (trabajadores dependientes o monotributistas- autónomos- del sector privado).

Lo paradójico de la cuestión es que los recursos para mantener al Estado los aporta el sector privado de la economía, por lo que  mantener esta situación de desigualdad social es no sólo inhumana para las personas afectadas sino suicida para la propia economía;  es como matar a la gallina que pone los huevos de oro.

No se trata, en absoluto, de estigmatizar al empleado público, pues ellos no tienen la responsabilidad de gobernar y atender los servicios comunes,  se trata de que el Estado reordene solidariamente los gastos y recursos para que en esta situación de angustia y caos económico que estamos viviendo “se incluya” bajo la protección del Estado  a “todos” los argentinos y no solo a una parte.

Porque hay sueldos muy altos en el Estado y son muchísimos más multiplicados por la cantidad de organismos que existen. Se tiene poca idea de la magnitud del Estado: desde poder Legislativo (diputados, senadores y sus respectivos asesores);  poder Judicial, Ministerios y sus dependencias; Organismos: Anses, IGJ, Archivo General de la Nación, Auditoria General de la Nación,  AFIP, Aduana, Sigen, Indec, Inadi y otros organismos de derechos humanos; Inpi, Inta, Inti, Administración General de Puertos, Vialidad Nacional; BANCOS oficiales, CNV, Casa de moneda. EMPRESAS: Aerolíneas Argentinas, Intercargo, YPF, Aysa, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, etc, etc, además de toda el área de Cultura, Museos, Teatros, Sanidad, Seguridad y Servicio diplomático. 

El gobierno tomó algunas medidas “parche” para aliviar el impacto económico como otorgar una suma fija de $10.000 a personas desempleadas y trabajadores monotributistas independientes de las categorías inferiores A y B. También ayudará a pagar una parte de los sueldos en los casos de pymes de hasta 100 empleados  (ojo que sólo pagará hasta $16.875 por cada trabajador, el resto del sueldo lo tiene que pagar la pyme ) y planea reducir las contribuciones patronales.

Todo esto está muy bien pero… ¿y el resto de los ciudadanos?  Un monotributista categoría C o superior que tiene una peluquería o un bar, o es electricista de obra, o es profesional independiente,   ¿qué hace?, ¿de qué vive? De sus ahorros, contestan algunos. Pero ¿ es justo que estas personas a las que el Estado desampara se consuman sus ahorros - si es que los tienen- mientras que quienes son empleados del Estado con sueldos muy altos lo siguen cobrando igual?

Por otro lado el gobierno adopta medidas como pedirle a los bancos que otorguen créditos a baja tasa de interés (no tan baja, 24% anual) a las pymes y empresas más grandes para que puedan contar con dinero para pagar sus obligaciones, entonces uno se pregunta: ¿es justo que ante una situación de inactividad productiva como la que vive una pyme tenga que endeudarse para sobrevivir mientras que el Estado no recorta uno solo de sus gastos?   (además los bancos no están respondiendo favorablemente, pues no quieren prestar sin analizar los riesgos, y naturalmente no prestarán a empresas fragilizadas).     

Como consecuencia de que se empezaron a alzar muchas voces (cacerolazos mediante) exigiendo “un gesto de la clase política”, hubo “algunas propuestas” de quitas de dietas a legisladores, que quedaron en eso, en propuestas. Todos (gobierno y oposición) son renuentes a disminuir sus sueldos aunque no estén trabajando, pues el Congreso nacional no está sesionando.

Pero, además, sabemos que si se quiere hacer un recorte del gasto público como gesto solidario a una sociedad que está haciendo sacrificios económicos para sobrevivir, las quitas de dietas  en el cuerpo legislativo  representan apenas una ínfima parte. Lo que tendría que hacer el gobierno es recortar todos los sueldos altos de toda la administración pública, que es gigante, y distribuir parte de ese ahorro como ayuda económica a la sociedad que está excluida  de toda ayuda hasta el momento.   Por supuesto que esto tendría que ser extensivo a gobernadores e intendentes en sus respectivas jurisdicciones. 

Un ejemplo para que se entienda la magnitud de esta injusticia social: un monotributista Categoría E tiene ingresos mensuales de hasta $69.000 (según tabla de Afip). Este trabajador no factura durante el período de cuarentena por no poder realizar su actividad, por lo tanto tiene “0” (cero) ingreso de dinero.  Un empleado de categoría media de Aerolíneas Argentinas con un poco de antigüedad, tiene ese sueldo cómodamente, y lo cobra durante el período de aislamiento aunque no esté trabajando. ¿Es o no una injusticia social que unos cobren cero y otros cobren como en una situación de vida normal? ¿No amerita tomar algún curso de acción? ¿Dónde está la tan nombrada solidaridad? 

 

El presidente prometió gobernar para TODOS los argentinos. Aguardamos y confiamos que lo haga. No espere a que nos llegue el agua al cuello