NUEVAS INJUSTICIAS SOCIALES: LOS ´FUEROS ECONÓMICOS´ DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

 

CUANDO ANTE UNA CRISIS EL ESTADO AMPARA A ALGUNOS Y DESAMPARA A OTROS

Por Elena Duker (eleduker@gmail.com)

Continuando con la enumeración de las INJUSTICIAS SOCIALES de esta época en nuestro país, a las de las Jubilaciones de Privilegios comentadas en:   https://gabrielagatino.blogspot.com/2020/07/nuevas-injusticias-sociales-i.html, siguen ahora las referidas a los EMPLEADOS PÚBLICOS en relación al resto de los trabajadores, tanto del sector privado como autónomos. Una aclaración previa: Saco de este análisis a los empleados públicos docentes, personal de sanidad y seguridad, por razones obvias, y agrego que en absoluto pretendo avivar la animosidad contra el conjunto de empleados estatales desde el momento en que la responsabilidad de evitar una injusticia social la tiene el Poder Ejecutivo y no sus dependientes.

Por empleados públicos me refiero a todos aquellos que cobran un sueldo del Estado sin diferencias de rangos, desde ministros, legisladores, asesores de legisladores, funcionarios de organismos y empresas públicas o con participación del Estado, funcionarios del servicio  diplomático, judiciales, directores de bancos oficiales,  a simples  empleados de las categorías más bajas.

Importa que son sueldos pagados por todos los argentinos en tanto que son sueldos públicos.

En cantidades la cifra de empleos estatales viene aumentando desde la década de 1980, disminuyó en 1990 por las privatizaciones y se elevó considerablemente a partir del 2003 por la creación de nuevos organismos y dependencias. Hay sueldos muy altos en el Estado. Desde un juez de la Corte Suprema ($700.000), a un Director de empresa estatizada ($400.000) o empleados administrativos de AFIP ($ 150.000).

La desigualdad social que  existe en nuestro país entre quienes son empleados públicos y los trabajadores privados y autónomos viene acentuándose desde el año 2003 y quedó claramente expuesta a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia del Covid 19.  ¿Por qué? Cuando el 20/3/2020 el Presidente de la Nación decretó el aislamiento social obligatorio por quince días,  que significó para los ciudadanos quedarse en sus casas durante ese tiempo y no concurrir a sus lugares de trabajo – salvo actividades esenciales- , hubo un fuerte apoyo popular a la medida sanitaria, pero también surgieron muchas preocupaciones: las del sector privado que se preguntaba cómo sobreviviría económicamente si la medida de aislamiento se extendía más allá de los quince días, como se presuponía : -“¿El Estado nos ayudará?”, se preguntaban los más optimistas. Efectivamente, de a poco y con muchas dificultades sistémicas y errores de padrón que demoraron el proceso, el gobierno nacional implementó medidas de emergencia como el otorgamiento de $10.000 (ayuda IFE: ingreso familiar de emergencia) a personas desempleadas, empleadas domésticas y monotributistas (trabajadores autónomos)  de las dos categorías más bajas, pero quedaron excluidos una gran cantidad de trabajadores independientes, como por ejemplo los monotributistas de las categorías C en adelante. El gobierno también ofreció el programa ATP (asistencia de emergencia al trabajo y la producción) consistente en el pago de sólo el 50% de los sueldos a empresas privadas –previo completar una lista de requisitos- y reducción de contribuciones patronales para algunas actividades taxativamente tipificadas. Luego dispuso el otorgamiento de préstamos a Tasa 0 a los trabajadores autónomos excluidos del IFE  y préstamos con interés del 24 % para las pymes (pequeñas y medianas empresas) previo cumplimentar tantos requisitos burocráticos que  muchos trabajadores independientes y pymes optaron por no solicitarlos y se resignaron a resistir económicamente sin la ayuda estatal. En estos dos últimos casos no se trata de una asistencia gratuita sino de préstamos que deben devolverse.

Dado que la situación de aislamiento y prohibición de trabajar –con ciertos atenuantes- se mantienen desde hace  4 meses (escribo esto en julio/2020) y considerando que la facturación de esos trabajadores independientes de comercios y servicios, pymes y también grandes empresas, a los que se suman los propietarios de inmuebles que alquilan a ese sector,   durante este período fue cero o disminuyó drásticamente, la situación económica y emocional para estos grupos de ciudadanos se convirtió en una terrible pesadilla, que más allá del Covid19 les afecta grandemente la salud.

Ahora bien, el contexto económico y emocional arriba descripto es completamente diferente para quienes son empleados públicos. Ellos pueden hacer la cuarentena tranquilos en sus casas porque tienen la seguridad de que el día 30 del mes cobran el sueldo completo.  Y esto constituye una verdadera INJUSTICIA SOCIAL. Porque visibiliza a una clase social privilegiada y protegida por el Estado (empleados públicos) frente a otra  totalmente desamparada (trabajadores dependientes privados o monotributistas- autónomos) que al no poder trabajar ni recibir ayuda del Estado deben consumirse los ahorros, si es que los tienen.

Lo paradójico de la cuestión es que los recursos para mantener al Estado los aporta el sector privado de la economía, por lo que  mantener esta situación de desigualdad social es no sólo inhumano para las personas afectadas, sino suicida para la propia economía, y no está siendo considerada por la política. Pese a los muchos reclamos de la ciudadanía expresado en cacerolazos y en redes sociales, hasta el momento no hubo un sólo gesto por parte del gobierno nacional de reducir mínimamente los sueldos públicos para aplicar y distribuir esa masa de dinero al sector privado otorgando una ayuda universal y no una dádiva burocrática a unos pocos.

 

Lo que sigue es el derrotero de la política en torno a este tema a partir del 30 de marzo de 2020, luego de un estruendoso cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires y otras del país, a sólo 10 días de comenzada la ‘cuarentena’ y al día siguiente de que el presidente de la Nación Alberto Fernández tildara de ‘miserables’ a los empleadores del sector privado que despidieran personal durante la pandemia: 

Frente a la espontaneidad de los cacerolazos y fuertes reclamos en redes sociales los legisladores nacionales radicales, de la Coalición Cívica  y de Juntos por el Cambio – mayoría opositora al gobierno Kirchnerista en ambas cámaras- se vieron en el aprieto de tener que hacer algo y propusieron la reducción del 30% de los sueldos de cargos jerárquicos durante 90 días a funcionarios del ejecutivo, diputados y senadores nacionales, empresas del Estado, directores de empresa públicas y organismos descentralizados y Ministerio Público fiscal,  para que con ese dinero se conforme un Fondo Coronavirus similar al que creó el país vecino,  Uruguay. Le escribieron “una carta pública” al presidente Alberto Fernández el 30 de marzo de 2020 instando a tomar esa medida e invitando al poder judicial a imitarlos. A su vez los legisladores manifestaron que donaban los  subsidios que recibían (¿) y el monto por pasajes aéreos y terrestres que tienen asignados pero que no van a utilizar al Fondo del Covid 19 del Ministerio de Salud, proponiendo que el mismo sea auditado por la Auditoría General de la Nación. Encabezaron la solicitud los diputados Mario Negri y Christian Ritondo. En el senado Esteban Bullrich bosquejó una solicitud similar. A todo esto algunos gobernadores de distintas banderas políticas dispusieron una quita en sus haberes y en los de sus gabinetes para aplicarlo a reforzar sus sistemas sanitarios locales: Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Jujuy, Salta, Misiones, La Rioja, Córdoba. (en realidad lo anunciaron, no sabemos si efectivamente lo están aplicando). 

 

Empujado por las circunstancias el 31 de marzo de 2020 el presidente de la Cámara de diputados de la Nación, Sergio Massa, se puso a trabajar en una propuesta para reducir el 40% de los sueldos de los diputados nacionales, suspender asesores y rematar autos de la Cámara, y con ello conformar un Fondo para la Cruz Roja. Surgió, entonces, una pelea con los legisladores de la oposición: diputados de Juntos por el Cambio pidieron que la reducción fuese a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), no sólo al legislativo,  y los senadores del mismo partido político agregaron el pedido de reducir “todos los sueldos públicos superiores a $ 70.000”.

¿Cómo se resolvió la cuestión? Sergio Massa no hizo avanzar su propuesta para que fuese votada en el recinto y tampoco entregó la carta con la solicitud de la bancada opositora  al presidente. Se quedó en el amague y calló para siempre. El entorno del presidente de la nación tampoco se hizo eco del reclamo ciudadano: “No estamos pensando en una rebaja de salarios”, lo que fue rematado por la palabra del propio presidente que tildó de hipócritas y populistas a los diputados que impulsaron el recorte de sueldos públicos.

 

Los legisladores de Juntos por el Cambio y radicales no volvieron a hablar del tema. Es decir, todo quedó en el discurso y no se hizo nada. Los políticos (todos) se llamaron a silencio y los ciudadanos se cansaron de insistir con el reclamo. Salvo pocas excepciones, la prensa escrita y de aire, que ayudaría enormemente a visibilizar esta INJUSTICIA SOCIAL inquiriendo a políticos oficialistas y de la oposición una respuesta,   también se llamó a silencio. Todos callaron. Los ciudadanos quedamos completamente solos.  

 

A cuatro meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno algunas actividades se fueron flexibilizando, es cierto, pero de forma muy limitada; otras, como la hotelería, clubes, bailes, restaurantes y turismo están completamente paralizadas, es decir no tienen ingresos. El transporte aéreo no opera (Argentina está aislada del mundo), salvo autorizaciones puntuales,  y el transporte terrestre (micros, trenes, subtes) sólo está habilitado para quienes obtengan permisos por trabajar en tareas definidas como esenciales. 

Ante la inactividad de sus empresas muchos empleadores del sector privado se ven obligados a pagar los sueldos de sus trabajadores mediante el art. 223 bis de la Ley de Contrato de trabajo (Nro. 20.744) que aplica a situaciones de disminución de trabajo por fuerza mayor no imputables al empleador y cuando por esas causales el trabajador no pueda realizar su prestación laboral. Pueden hacerlo porque lo habilita el mismo Decreto presidencial (Dec. 329/2020) que “prohíbe los despidos y suspensiones laborales, excepto las efectuadas en los términos del art. 223 bis”. Por este artículo 223 bis y previo acuerdo con el mismo trabajador y el Sindicato que corresponda a la actividad, los empleadores privados pagan los sueldos de sus trabajadores con una reducción que va desde un 30 a un 60%.  La Ley de contrato de trabajo establece que ese sueldo reducido se pague como una “asignación no remunerativa” y sólo se le descuente la obra social, nada más. Pero por los acuerdos firmados con los Sindicatos también  le están descontando al trabajador la cuota sindical que ronda entre un 1,5% y un 3%, y a su vez por esos mismos acuerdos se obliga al empleador a pagar el aporte patronal sindical, alrededor de un 4 o 5% del  sueldo reducido de cada trabajador. Es llamativa la actitud de los Sindicatos que, lejos de colaborar con el trabajador y empleador ante la crisis producida por la disminución del trabajo, obligan a realizar esos aportes, pero más llamativo es el silencio de los políticos, la prensa y las asociaciones de profesionales que conocen bien el tema y en lugar de alertar sobre el particular, lo naturalizan (es el caso de los contadores públicos que liquidan los sueldos y abogados de empresas que firman los acuerdos con el Sindicato).

Mientras este esquema de descuentos de sueldos se sucede desde hace cuatro meses con los empleados del sector privado. Mientras profesionales y trabajadores independientes ven reducida su facturación por estar imposibilitados de trabajar. Mientras dueños de locales comerciales y oficinas debieron rebajar considerablemente sus alquileres, y hasta algunos los han cancelado. Mientras propietarios de inmuebles de vivienda debieron, también, reducir o hasta dejar de cobrar los alquileres a sus inquilinos desempleados, resulta que estos mismos sectores tienen que pagar el 100% de los elevados sueldos públicos de los tres poderes del Estado, empresas y entes estatales descentralizados, aunque muchos de estos no estén trabajando. Dado que no tiene recursos porque la recaudación impositiva cayó estrepitosamente por la inactividad, el Estado paga estos sueldos con emisión monetaria, inyectando el flagelo de inflación a la sociedad.    

 

Esta  INJUSTICIA SOCIAL tiene la particularidad de que es  generada por el mismo Estado desde el momento en que no ofrece una solución equitativa  al problema, aunque el contexto socio económico originado por la pandemia del covid 19 lo exija.

Nos ganó Uruguay, nuestro vecino, que sí recortó sueldos públicos. Un país pequeño, pero con gestos solidarios y de grandeza  del que tenemos mucho que aprender.