Por Elena Duker (eleduker@gmail.com)
Desde el
año 2003 a
esta parte algo cambió en la conformación de los recursos humanos del Estado.
No sólo por el aumento de empleados de planta que, según estudios, se
incrementó el 51% entre 2003 y 2014 (1). Al margen de lo abrumador del número,
que no paró de crecer desde entones, hay
una particularidad inquietante que puede observarse recién ahora después de 17
años transcurridos y que tiene que ver con la actitud contestataria y la manera
arrogante de conducirse de quienes se supone deberían servir a sus
conciudadanos.
Ocurre que una buena parte de estos empleados
públicos, sobre todo los que integran esa oleada de ingresos masivos que se
inició a partir del año 2003, se han
convertido en “empleados militantes”.
Esto
significa que anteponen a su condición
de servidor público su identidad de militante de una determinada ideología.
O sea que su principal interés y prioridad no es el de trabajar para brindar un
buen y eficaz servicio al ciudadano argentino -que en definitiva es quien le
paga el sueldo de su bolsillo-, sino, por el contrario, hacer política,
acompañando al proyecto del gobierno con el que se identifican ideológicamente
o combatiéndolo si no les resulta afín, como sucedió durante la presidencia de
Macri.
Aquí se hace evidente el más grande y grave
error que cometemos los Argentinos: el de confundir al Gobierno con el Estado. Porque
Estado y Gobierno, querido lector, no son la misma cosa ni deberían confundirse
jamás en una República que se precie de serlo. Mientras el
Gobierno es un grupo de personas elegidas para conducir y administrar transitoriamente
las instituciones, el Estado nos
pertenece a todos, pues sus Instituciones son propiedad del Pueblo
argentino en su conjunto, su función es servir a los ciudadanos, y están
pensadas para sobrevivir a los gobiernos.
Ser empleado del Estado no significa, entonces, ni apoyar al Gobierno ni
combatirlo, sino servirlo y obedecerlo como a todo empleador para el
que se trabaja y que paga por nuestros servicios.
El empleado público militante está
convencido que por trabajar en el Estado o tener una ideología que supone
superior a otras adquiere representatividad y legitimidad ante la sociedad, pero
este convencimiento es falso, pues quien ostenta la verdadera representatividad
y legitimidad es el Gobierno , que ha llegado a ser gobierno por el voto
popular de la mayoría de los argentinos. Ni ATE ni UPCN ni ningún otro sindicato de
empleados públicos ha llegado donde está por ganar una elección nacional, de modo que si bien están en su derecho de cuestionar
condiciones laborales y salarios, carecen totalmente de legitimidad democrática
para cuestionar las políticas de gobierno.
Inmersos
en esta confusión, cuando el Gobierno elegido es afín a su ideología los
empleados públicos militantes se sienten convalidados y apoyan cualquier medida
acríticamente, mientras que cuando el
Gobierno no es afín a su ideología, se oponen de manera igualmente acrítica y lo obstaculizan movidos por su
fundamentalismo ciego.
El mayor aluvión de “empleados militantes
asalariados” al Estado lo aportó La
Cámpora, soldados del kirchnerismo identificados
ideológicamente con la izquierda internacionalista, en sus variantes combativas, moderadas y cómodas "de café”. Ocuparon tanto puestos de conducción como de empleados rasos, sin otro
currículum vitae que el de ser militante de esa organización política. Nacida
en un despacho presidencial -y bajo la protección del poder- la organización
tuvo tres ejes estratégicos básicos: ocupar la calle, ocupar cargos de
conducción en el Estado (para manejar la caja política) y mantener la lealtad
al gobierno. Son los que tomaban la calle con sus bombos y banderas ante la
amenaza del “enemigo” del momento y los que engrosaban las filas en el patio de
la Rosada durante las habituales manifestaciones organizadas para adular y
aplaudir a Cristina cuando era presidente.
La creación de nuevas Universidades
Públicas durante el kirchnerismo, la estatización de empresas como AYSA (2006),
Aerolíneas Argentinas (2008), Anses y las participaciones en empresas que antes eran de las AFJP (2008), e
YPF (2012) están entre sus territorios de poder más importantes. Porque eso es
lo que construyó el Kirchnerismo al agrandar el Estado: Poder (2). Mientras
fueron gobierno hasta el 2015 los empleados camporistas tuvieron el manejo de importantes recursos económicos del Estado (es
decir dinero de todos los argentinos) y una fuerte presencia en Universidades
Públicas, Colegios secundarios y Centros
de estudiantes desde donde infundían sutilmente sus ideas.
Y ahora que el
Kirchnerismo volvió al gobierno, a solo escasos meses de asumir la presidencia
Alberto Fernández, ya los jóvenes dirigentes arremeten con nombramientos
indiscriminados para controlar las dos instituciones que concentran los mayores
recursos del Estado, como son Anses y Pami (3), y quién sabe qué otras más.
Pero más
allá del manejo político-económico que hagan los dirigentes de La Cámpora (pues hablar en profundidad
de los herederos de los montoneros requeriría de un análisis aparte) interesa
reflexionar sobre el comportamiento del
“empleado militante” común, el de las categorías medias y bajas.
Además de
asistir a las asambleas y marchas a las cuales los convocan, despliegan también
su actitud de “empleado militante” puertas adentro en sus lugares de trabajo y
en áreas de atención al público y en contacto con el mismo. Y esto sí que es
inaceptable, aunque ganados por la costumbre la hayamos naturalizado.
Quien
quiera verificarlo no tiene más que registrar lo que ve cuando ingresa en una
repartición del Estado: desde pañuelos verdes atados a los monitores de las
computadoras públicas pagadas por todos los argentinos hasta fotos con los
rostros de Néstor y Cristina y panfletos colgantes con propaganda político-sindical
nacional e internacionales. Esto en cuanto a “la escenografía de la
militancia”, pero hay otras conductas
deplorables que importan una intromisión y
atropello a la libertad de
pensamiento del prójimo como es el comportamiento de docentes militantes impartiendo clases en las universidades públicas,
pilotos de Aerolíneas Argentinas dando comunicados de tintes políticos a los
pasajeros, empleados de Metrogas (controlada por la estatal YPF desde
2010) entrando a domicilios de usuarios
a reconectar el gas cortado y cantando a viva voz “¡vamos a volver!”, hasta
empleados sanitaristas y del sindicato del estado ATE empapelando los pasillos
y tocando furiosamente el bombo en el hall principal del Hospital de Clínicas
de Buenos Aires o en el del Hospital Posadas (¡tocar el bombo dentro de un
hospital donde la gente va a curarse!).
Que se comporten de esta manera con total
impunidad es producto del accionar subrepticio, invasivo, lento -y a veces
violento- propio de las organizaciones fascistas, no importa del signo político que sean.
Quien
tenga algunos años y un poco de memoria recordará que años atrás en la
Argentina las cosas no eran así. A los empleados públicos (a los menos, por
supuesto) se los podía calificar de poco adictos al trabajo, de su
impuntualidad, inasistencias, improductividad, pero jamás de un comportamiento
militante tal como existe hoy. En todo
caso este tipo de accionar era prerrogativa de una minoría que coincidía con
los más sindicalizados, quienes participaban en diferentes manifestaciones pero
no se dejaban ver como tales en los lugares de trabajo donde asistía el
público. Lo que hoy ocurre es exactamente lo contrario: entrar en un edificio
público del Estado es como entrar en el templo de una Secta, decorada con todos los adornos típicos del Culto, y eso se lo
debemos a Néstor y Cristina Kirchner.
Un punto
importante a tener en cuenta es el económico, ya que no sólo del relato viven
estos empleados militantes, sino que además cobran un muy buen sueldo a cambio de su compromiso y lealtad.
Tienen una vida acomodada, viajan por todo el mundo y adquieren bienes
materiales e inversiones. En el fondo se
saben privilegiados respecto al resto de los trabajadores que no tienen la
seguridad y las consideraciones de las que ellos gozan, y purgan su sentimiento de
culpa mediante una lealtad incondicional a sus jefes del momento.
Es la
primera vez que estamos en presencia de militantes
rentados con los dineros públicos e integrados a estructuras de recursos
humanos sobredimensionadas, lo cual es una estafa a todos los
argentinos. Y una peligrosa construcción de un gobierno que pretende formar
fuerzas de choque para apoderarse del control del Estado, y por su intermedio
someter al resto de la sociedad.
(1) Aumento del 51% de empleados públicos entre 2003 y 2014
(04/09/2015)
(2) La Cámpora y el reclutamiento de miltantes para
colonizar el Estado (El Cronista, 29/05/2015):
(3) El Plan de la Cámpora para construir poder desde Anses y
Pami (01-05-2020):
Averiguen si eran empleados públicos los que quedaron varados en Europa!!! no dicen nada, pero la mayoría lo son!! Son unos bacanes.
ResponderBorrarAhora tenemos empleados públicos militantes, jueces y fiscales militantes, periodistas militantes, etc. Todos comprados. Nos robaron el país. Lo que no consiguieron con las armas en los 70, Néstor lo hizo en el 2003.
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