lunes, 31 de agosto de 2020

LA VIDA EN PROTOCOLANDIA

GENEALOGIA DEL PROTOCOLO

Hace muchos años, los protocolos hacían su tímida aparición en el mundo de la medicina, reemplazando a las antiguas guías clínicas.

Las primeras guías clínicas consistían en recomendaciones, basadas en evidencia, sobre cuáles eran los procedimientos más apropiados a seguir frente a una patología. Su cumplimiento no era obligatorio, sino que funcionaban como su nombre lo indica, a modo de guías para orientar el criterio del profesional. Se trataba de una pieza más de información, valiosa sin duda, pero ante la cual el profesional conservaba su libertad de criterio a la hora de tomar sus propias decisiones, sobre las que asumía una responsabilidad personal.

Lo cierto es que una guía clínica o un check list como el que realizan los pilotos de avión antes de despegar son muy prácticos, sobre todo en situaciones complejas o críticas, donde la tipificación y el ordenamiento de la información facilita y acelera su análisis. Por más capacitado que esté un profesional, disponer de una guía paso a paso resulta siempre de ayuda en una situación difícil o cuando no hay tiempo para largas reflexiones.

El protocolo es algo completamente distinto. Es una norma de cumplimiento obligatorio, que anula toda libertad de pensamiento y acción en el profesional, a la vez que lo libera de toda responsabilidad por los resultados.

Hace unos veinte años los protocolos eran una rareza, y estaban limitados al estrecho ámbito de las disciplinas complejas. Hoy, en la era de los tweets, los memes, los hashtags y otros modos del "pensamiento enlatado", los protocolos son bienvenidos y su lógica perversa se derrama al resto de la sociedad. Lo que es aún peor, se pretende aplicarlos incluso a asuntos triviales, que podrían ser resueltos con un poco de sentido común y de buen criterio.

La pandemia del COVID ha desarrollado en la clase política una afición verdaderamente enfermiza por el uso de protocolos, como si se tratara de una milagrosa tabla de salvación. Pero ello no ha hecho más que confirmar la pesadilla tan temida: los protocolos son un verdadero cepo al pensamiento y a la libertad. Aniquilan la responsabilidad, y favorecen la implantación de lógicas fascistas.

A continuación explicaré por qué.

LOS PROTOCOLOS EN EL CLAUSTRO

¿Cómo fue posible que los protocolos triunfaran primero en un ámbito como la medicina, donde la libertad de pensamiento y acción debiera ser sagrada? Muy fácil: las aseguradoras, en su afán de tipificar los costos económicos de los tratamientos, e incluso los propios médicos, sintiéndose amenazados por la “industria del juicio de mala praxis”, vieron en los protocolos una solución.

Si un médico sigue el protocolo, entonces se considera que hace lo correcto (nadie se toma el trabajo de cuestionar un protocolo). ¿Para qué pensar entonces? Es como seguir una receta: si el paciente tiene X problema, entonces primero hay que hacer esto, luego lo otro, y al final aquello. Punto. ¿Las cosas no salieron bien? No hay problema, no es nuestra responsabilidad porque al fin de cuentas se siguió el protocolo.

Ejercer la medicina de manera segura se limita a obedecer protocolos sin pensar demasiado. Salirse del protocolo implica exponerse a un riesgo judicial o a recibir una sanción económica por parte de la financiadora.

El efecto disciplinador y uniformizante del protocolo, devastador para cualquier pensamiento libre, queda a la vista. Sin contar con el perjuicio enorme que representa para el avance de la ciencia misma, pues si ante X siempre respondemos con la misma secuencia A-B-C, será muy difícil ver el problema desde otro punto de vista más rico o novedoso, o descubrir un comportamiento diferencial si en vez de A-B-C hubiésemos hecho C-D-F, por ejemplo.

 DEL LABORATORIO A LA PELUQUERÍA

 Con la pandemia de COVID, vemos el uso y abuso de los protocolos como instrumento de control social.

La excusa es siempre la misma: el ciudadano es ignorante, irrespetuoso, bruto, e incapaz de comprender o entrar en razón. Y puede que en muchos casos, considerando el deterioro de la Argentina luego de interminables años de crisis, esta apreciación no esté tan errada.

Frente a esta realidad se abren dos caminos posibles: educar al soberano, o imponerle un protocolo. ¿Adivina el lector cuál de los caminos es el más barato, y el preferido por los gobernantes?

¡Acertó! El protocolo tiene además una ventaja adicional respecto de la educación, y es que permite disciplinar e imponer reglas al prójimo anulando a priori toda resistencia. Y eso es así porque el ciudadano tiene prohibido cuestionar el protocolo. A diferencia de la educación, donde el educando se reserva el ejercicio del espíritu crítico y puede llegar a poner en entredicho los preceptos que se le proponen a consideración, el protocolo, elaborado por “expertos neutrales” está ahí para ser cumplido, no cuestionado.

De modo que cuando se pretende ejercer el control social, empiezan a proliferar los protocolos. Comienzan bajo el auspicio de la “instrucción” o el “cuidado”, pero pronto acaban bloqueando el desarrollo del verdadero criterio y hasta del sentido común.

LOS PROTOCOLOS DE HITLER Y DE MAO

Un asunto muy espinoso respecto a los protocolos es que eximen de responsabilidad al que se sujeta a ellos. Por lo tanto, he aquí un factor de seducción adicional para lograr la adherencia de la ciudadanía: si nos atenemos al protocolo, aliviamos la angustia de tener que responsabilizarnos por nuestras decisiones. Omitimos pensar, suspendemos nuestro juicio crítico, desoímos todo clamor del sentido común, y dejamos que quienes elaboran los protocolos nos digan lo que hay que hacer. Ocupándose de cumplir y hacer cumplir los protocolos, el ciudadano se abandona a un tibio estado de bienestar interior, libre de toda culpa y responsabilidad.

Esto lo sabían muy bien los nazis, cuando elaboraban protocolos para mandar a la gente a las cámaras de gas, de manera muy ordenada y prolija. Pero también lo sabía Mao Tse Tung, cuando obligaba a todos a llevar consigo pegada a la mano un superprotocolo que se llamó “libro rojo de Mao”, que codificaba todas las conductas “revolucionariamente correctas” para poder llevar a cabo con esmerada eficacia la infame depuración conocida como “Revolución Cultural”.

El protocolo libera a los asesinos de toda culpa y responsabilidad, limpia sus conciencias, y los convalida en la idea de que están contribuyendo, con sus actos, a construir una sociedad mejor. Todo lo cual expurga los remordimientos mejorando así la adherencia de los mandos medios a la ingrata tarea del genocidio.

En otros casos, gente perversa se sirve de la frialdad y rigidez de los protocolos para ejercer su sadismo sobre un prójimo desconcertado, como ocurrió acá cuando se le negó la entrada a Córdoba a un hombre que quería despedirse de su hija con cáncer, y se lo persiguió como un delincuente, y como sigue ocurriendo día tras día con nuestras fuerzas de seguridad durante la pandemia.

Un detalle adicional es que la adopción y la adherencia al protocolo por parte de vastos sectores de la sociedad refuerza su legitimidad, no importa lo absurdo o irracional que éste pueda ser. Una vez que se ha establecido un protocolo de manera suficientemente extensa, cualquier cuestionamiento al mismo se convierte en un cuestionamiento a toda la sociedad, y las turbas pueden reaccionar de manera muy desagradable. Si quiere probarlo, intente quitarse el barbijo por estos días y después me cuenta.

Protocolos de salida, entrada a casa y cómo convivir con personas en riesgo  de la COVID-19

EL PROTOCOLO COMO UN RITUAL

Hace unos años, un albañil vino a mi casa a poner unos azulejos. Le ví meter agua en una larga manguera transparente, que extendió en forma de U sobre la pared, marcando los niveles de agua en dos puntos separados. Luego tiró una línea entre ellos. Cuando hubo terminado con este ritual, olvidándose por completo de las líneas que había trazado, empezó a poner los azulejos tomando como referencia el zócalo. Intrigado, le pregunté para qué había hecho todo eso, y me dijo que siempre se hacía eso antes de empezar a colocar los azulejos. Claramente no sabía cuál era el sentido real de esas acciones (trazar una línea que sirviera de referencia para poner los azulejos a nivel), pero como había visto a otros hacerlo así, obediente seguía el protocolo. Una vez cumplido el mismo, su conciencia estaba tranquila y podía empezar a poner los azulejos por donde le diera la gana.

Es más que evidente que el protocolo funciona a la manera de un “sacramento” ritual, cuya promesa implícita reza: “si sigues los pasos que te indico, en el orden prescripto y sin omitir ninguno, obtendrás lo que te he prometido y las cosas saldrán bien. Por eso... ¡no te desvíes, cúmplelo al pie de la letra!

Y así, con la misma piadosa devoción con que se cumplen los sucesivos ritos de la eucaristía, así el ciudadano sigue los preceptos del protocolo con una fe ciega en sus efectos cuasi mágicos. Pues sin duda son mágicos para él, ya que no se detiene un segundo a considerar ni a evaluar, haciendo uso de su capacidad pensante y de su raciocinio, los fundamentos de que se valieron los “expertos” para diseñar el protocolo.

 LA BARATURA DEL PROTOCOLO

Se defienden los protocolos diciendo que son una manera económica de lidiar con un problema, ya que la solución viene empaquetada y predigerida, y no es necesario perder tiempo ni recursos volviendo a estudiar un asunto que ya ha sido estudiado por competentes “expertos”.

Sin embargo, dado que los protocolos se basan en imponer una matriz de conductas, o un derrotero fijo para los procedimientos, se corre el riesgo de invisibilizar otras variables, variantes o alternativas que podrían descubrirnos mejores caminos o soluciones a los problemas. Propuesto como una solución económica a un problema, el protocolo puede obturar el surgimiento de una solución mejor. Lo barato puede salir caro.

Esto nos lleva a la consecuencia más peligrosa de la aplicación de protocolos, que es

LA ATROFIA DEL CRITERIO Y LA PERDIDA DE DIVERSIDAD

Los protocolos delegan todo pensamiento y reflexión sobre un problema en el comité de “expertos” encargados de redactarlos. Eso inhibe al sujeto de instruirse en el tema, y de utilizar y refinar su propio criterio, el cual lenta pero inexorablemente se adormece hasta atrofiarse. Quien se aferra a los protocolos va abandonando el hábito de pensar por sí mismo, y en la medida en que los protocolos empiezan a tipificar las conductas más banales y cotidianas de la vida, el sujeto se vuelve cada vez más desconfiado de su propia percepción y criterio, y más dependiente de la instauración de un protocolo que le asegure que está haciendo las cosas del modo correcto. Vaciado de toda certeza, de todo discernimiento propio, de toda habilidad para crearse una vara patrón con la que calibrar el mundo; carente en fin de un criterio forjado con sabiduría, el propio sujeto clamará y pedirá a gritos que le den un protocolo para saber cómo conducirse.

Y el problema es que como los protocolos son rígidos y limitados, y como dijimos obturan la posibilidad de surgimiento de variantes, atentan contra la diversidad y el azar, contra los imprevistos y contra los actos que se salen del flujograma trazado. Todo lo cual acaba por encorsetar las conductas humanas- y peor aún, el conocimiento humano- en un estrecho y austero calabozo mental y espiritual, situación ésta muy peligrosa para la supervivencia del hombre, toda vez que su posibilidad de abrirse camino depende de la plasticidad de su pensamiento y de su acción.

 

 CORONAVIRUS - PROTOCOLO DE LLEGADA A CASA | Electro Sur Este

EL PROTOCOLO DEL PROTOCOLO DEL PROTOCOLO...

Muchos políticos están por estos días muy felices con los protocolos, porque han creído encontrar en ellos una herramienta maravillosa para luchar contra la pandemia. Al menos, eso creen los más ingenuos, esos que no conocían lo que era un protocolo hasta hace muy poco. El resto, los menos ingenuos, en cambio han redescubierto las enormes posibilidades del protocolo como un instrumento excelso del dominio social blando: normas con una pátina “cientificista” que permiten cercenar libertades, imponer sumisiones, atrofiar el pensamiento y debilitar la crítica.

Por desgracia, ante la insuficiencia de los protocolos para dar cuenta de los problemas, y ante el surgimiento de problemas creados por la aplicación de estas normas rígidas, inflexibles, que invalidan y reemplazan el uso del sentido común, la solución que se le ocurre al Gobierno es... ¡crear más protocolos!

¿El protocolo para mantener a todos en sus casas genera violencia doméstica? Creamos un protocolo para mantener al agresor o agresora a distancia.¿Eso produce un incremento del ciberacoso? Pues creamos un nuevo protocolo para el control parental y el bloqueo del ciberbullying en las redes. ¿Todo esto ha provocado en la familia una relación aversiva y fóbica hacia la tecnología? Pues creamos protocolos para superar el miedo y la dependencia tecnológica. Al cabo las personas, agotadas de seguir reglas muchas veces contradictorias, empiezan a padecer síntomas de una neurosis grave... Pero a no desesperar, porque ahí están para salvarnos los protocolos en forma de las “diez reglas de oro” para superar el trastorno obsesivo compulsivo.


El Municipio estableció un protocolo de acción para consorcios -  Impulsobaires

 

EL FUTURO: EDUCAR O RESIGNARSE A VIVIR EN PROTOCOLANDIA

Para resumir, hemos visto que el protocolo nace de una desconfianza básica del experto en la capacidad de la gente común, en la subestimación de sus recursos, o bien en una lisa y llana intención de dominio.

La solución pasaría por EDUCAR para que cada cual desarrolle un criterio propio, pero claro, es más barato y sobre todo más conveniente para el poderoso utilizar un protocolo, que poco difere de una bula o de un decreto dictatorial. Así, quienes eligen priorizar la protocolización de la vida en vez de reforzar la educación del pueblo, llevan a éste por el humillante camino de la servidumbre.

miércoles, 19 de agosto de 2020

NUEVAS INJUSTICIAS SOCIALES: LOS ´FUEROS ECONÓMICOS´ DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

 

CUANDO ANTE UNA CRISIS EL ESTADO AMPARA A ALGUNOS Y DESAMPARA A OTROS

Por Elena Duker (eleduker@gmail.com)


Continuando con la enumeración de las INJUSTICIAS SOCIALES de esta época en nuestro país, a las de las Jubilaciones de Privilegios comentadas en:   https://gabrielagatino.blogspot.com/2020/07/nuevas-injusticias-sociales-i.html, siguen ahora las referidas a los EMPLEADOS PÚBLICOS en relación al resto de los trabajadores, tanto del sector privado como autónomos. Una aclaración previa: Saco de este análisis a los empleados públicos docentes, personal de sanidad y seguridad, por razones obvias, y agrego que en absoluto pretendo avivar la animosidad contra el conjunto de empleados estatales desde el momento en que la responsabilidad de evitar una injusticia social la tiene el Poder Ejecutivo y no sus dependientes.

Por empleados públicos me refiero a todos aquellos que cobran un sueldo del Estado sin diferencias de rangos, desde ministros, legisladores, asesores de legisladores, funcionarios de organismos y empresas públicas o con participación del Estado, funcionarios del servicio  diplomático, judiciales, directores de bancos oficiales,  a simples  empleados de las categorías más bajas.

Importa que son sueldos pagados por todos los argentinos en tanto que son sueldos públicos.

En cantidades la cifra de empleos estatales viene aumentando desde la década de 1980, disminuyó en 1990 por las privatizaciones y se elevó considerablemente a partir del 2003 por la creación de nuevos organismos y dependencias. Hay sueldos muy altos en el Estado. Desde un juez de la Corte Suprema ($700.000), a un Director de empresa estatizada ($400.000) o empleados administrativos de AFIP ($ 150.000).

La desigualdad social que  existe en nuestro país entre quienes son empleados públicos y los trabajadores privados y autónomos viene acentuándose desde el año 2003 y quedó claramente expuesta a raíz de la crisis económica desatada por la pandemia del Covid 19.  ¿Por qué? Cuando el 20/3/2020 el Presidente de la Nación decretó el aislamiento social obligatorio por quince días,  que significó para los ciudadanos quedarse en sus casas durante ese tiempo y no concurrir a sus lugares de trabajo – salvo actividades esenciales- , hubo un fuerte apoyo popular a la medida sanitaria, pero también surgieron muchas preocupaciones: las del sector privado que se preguntaba cómo sobreviviría económicamente si la medida de aislamiento se extendía más allá de los quince días, como se presuponía : -“¿El Estado nos ayudará?”, se preguntaban los más optimistas. Efectivamente, de a poco y con muchas dificultades sistémicas y errores de padrón que demoraron el proceso, el gobierno nacional implementó medidas de emergencia como el otorgamiento de $10.000 (ayuda IFE: ingreso familiar de emergencia) a personas desempleadas, empleadas domésticas y monotributistas (trabajadores autónomos)  de las dos categorías más bajas, pero quedaron excluidos una gran cantidad de trabajadores independientes, como por ejemplo los monotributistas de las categorías C en adelante. El gobierno también ofreció el programa ATP (asistencia de emergencia al trabajo y la producción) consistente en el pago de sólo el 50% de los sueldos a empresas privadas –previo completar una lista de requisitos- y reducción de contribuciones patronales para algunas actividades taxativamente tipificadas. Luego dispuso el otorgamiento de préstamos a Tasa 0 a los trabajadores autónomos excluidos del IFE  y préstamos con interés del 24 % para las pymes (pequeñas y medianas empresas) previo cumplimentar tantos requisitos burocráticos que  muchos trabajadores independientes y pymes optaron por no solicitarlos y se resignaron a resistir económicamente sin la ayuda estatal. En estos dos últimos casos no se trata de una asistencia gratuita sino de préstamos que deben devolverse.

Dado que la situación de aislamiento y prohibición de trabajar –con ciertos atenuantes- se mantienen desde hace  4 meses (escribo esto en julio/2020) y considerando que la facturación de esos trabajadores independientes de comercios y servicios, pymes y también grandes empresas, a los que se suman los propietarios de inmuebles que alquilan a ese sector,   durante este período fue cero o disminuyó drásticamente, la situación económica y emocional para estos grupos de ciudadanos se convirtió en una terrible pesadilla, que más allá del Covid19 les afecta grandemente la salud.

Ahora bien, el contexto económico y emocional arriba descripto es completamente diferente para quienes son empleados públicos. Ellos pueden hacer la cuarentena tranquilos en sus casas porque tienen la seguridad de que el día 30 del mes cobran el sueldo completo.  Y esto constituye una verdadera INJUSTICIA SOCIAL. Porque visibiliza a una clase social privilegiada y protegida por el Estado (empleados públicos) frente a otra  totalmente desamparada (trabajadores dependientes privados o monotributistas- autónomos) que al no poder trabajar ni recibir ayuda del Estado deben consumirse los ahorros, si es que los tienen.

Lo paradójico de la cuestión es que los recursos para mantener al Estado los aporta el sector privado de la economía, por lo que  mantener esta situación de desigualdad social es no sólo inhumano para las personas afectadas, sino suicida para la propia economía, y no está siendo considerada por la política. Pese a los muchos reclamos de la ciudadanía expresado en cacerolazos y en redes sociales, hasta el momento no hubo un sólo gesto por parte del gobierno nacional de reducir mínimamente los sueldos públicos para aplicar y distribuir esa masa de dinero al sector privado otorgando una ayuda universal y no una dádiva burocrática a unos pocos.

 

Lo que sigue es el derrotero de la política en torno a este tema a partir del 30 de marzo de 2020, luego de un estruendoso cacerolazo en la ciudad de Buenos Aires y otras del país, a sólo 10 días de comenzada la ‘cuarentena’ y al día siguiente de que el presidente de la Nación Alberto Fernández tildara de ‘miserables’ a los empleadores del sector privado que despidieran personal durante la pandemia: 

Frente a la espontaneidad de los cacerolazos y fuertes reclamos en redes sociales los legisladores nacionales radicales, de la Coalición Cívica  y de Juntos por el Cambio – mayoría opositora al gobierno Kirchnerista en ambas cámaras- se vieron en el aprieto de tener que hacer algo y propusieron la reducción del 30% de los sueldos de cargos jerárquicos durante 90 días a funcionarios del ejecutivo, diputados y senadores nacionales, empresas del Estado, directores de empresa públicas y organismos descentralizados y Ministerio Público fiscal,  para que con ese dinero se conforme un Fondo Coronavirus similar al que creó el país vecino,  Uruguay. Le escribieron “una carta pública” al presidente Alberto Fernández el 30 de marzo de 2020 instando a tomar esa medida e invitando al poder judicial a imitarlos. A su vez los legisladores manifestaron que donaban los  subsidios que recibían (¿) y el monto por pasajes aéreos y terrestres que tienen asignados pero que no van a utilizar al Fondo del Covid 19 del Ministerio de Salud, proponiendo que el mismo sea auditado por la Auditoría General de la Nación. Encabezaron la solicitud los diputados Mario Negri y Christian Ritondo. En el senado Esteban Bullrich bosquejó una solicitud similar. A todo esto algunos gobernadores de distintas banderas políticas dispusieron una quita en sus haberes y en los de sus gabinetes para aplicarlo a reforzar sus sistemas sanitarios locales: Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Jujuy, Salta, Misiones, La Rioja, Córdoba. (en realidad lo anunciaron, no sabemos si efectivamente lo están aplicando). 

 

Empujado por las circunstancias el 31 de marzo de 2020 el presidente de la Cámara de diputados de la Nación, Sergio Massa, se puso a trabajar en una propuesta para reducir el 40% de los sueldos de los diputados nacionales, suspender asesores y rematar autos de la Cámara, y con ello conformar un Fondo para la Cruz Roja. Surgió, entonces, una pelea con los legisladores de la oposición: diputados de Juntos por el Cambio pidieron que la reducción fuese a los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), no sólo al legislativo,  y los senadores del mismo partido político agregaron el pedido de reducir “todos los sueldos públicos superiores a $ 70.000”.

¿Cómo se resolvió la cuestión? Sergio Massa no hizo avanzar su propuesta para que fuese votada en el recinto y tampoco entregó la carta con la solicitud de la bancada opositora  al presidente. Se quedó en el amague y calló para siempre. El entorno del presidente de la nación tampoco se hizo eco del reclamo ciudadano: “No estamos pensando en una rebaja de salarios”, lo que fue rematado por la palabra del propio presidente que tildó de hipócritas y populistas a los diputados que impulsaron el recorte de sueldos públicos.

 

Los legisladores de Juntos por el Cambio y radicales no volvieron a hablar del tema. Es decir, todo quedó en el discurso y no se hizo nada. Los políticos (todos) se llamaron a silencio y los ciudadanos se cansaron de insistir con el reclamo. Salvo pocas excepciones, la prensa escrita y de aire, que ayudaría enormemente a visibilizar esta INJUSTICIA SOCIAL inquiriendo a políticos oficialistas y de la oposición una respuesta,   también se llamó a silencio. Todos callaron. Los ciudadanos quedamos completamente solos.  

 

A cuatro meses del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno algunas actividades se fueron flexibilizando, es cierto, pero de forma muy limitada; otras, como la hotelería, clubes, bailes, restaurantes y turismo están completamente paralizadas, es decir no tienen ingresos. El transporte aéreo no opera (Argentina está aislada del mundo), salvo autorizaciones puntuales,  y el transporte terrestre (micros, trenes, subtes) sólo está habilitado para quienes obtengan permisos por trabajar en tareas definidas como esenciales. 

Ante la inactividad de sus empresas muchos empleadores del sector privado se ven obligados a pagar los sueldos de sus trabajadores mediante el art. 223 bis de la Ley de Contrato de trabajo (Nro. 20.744) que aplica a situaciones de disminución de trabajo por fuerza mayor no imputables al empleador y cuando por esas causales el trabajador no pueda realizar su prestación laboral. Pueden hacerlo porque lo habilita el mismo Decreto presidencial (Dec. 329/2020) que “prohíbe los despidos y suspensiones laborales, excepto las efectuadas en los términos del art. 223 bis”. Por este artículo 223 bis y previo acuerdo con el mismo trabajador y el Sindicato que corresponda a la actividad, los empleadores privados pagan los sueldos de sus trabajadores con una reducción que va desde un 30 a un 60%.  La Ley de contrato de trabajo establece que ese sueldo reducido se pague como una “asignación no remunerativa” y sólo se le descuente la obra social, nada más. Pero por los acuerdos firmados con los Sindicatos también  le están descontando al trabajador la cuota sindical que ronda entre un 1,5% y un 3%, y a su vez por esos mismos acuerdos se obliga al empleador a pagar el aporte patronal sindical, alrededor de un 4 o 5% del  sueldo reducido de cada trabajador. Es llamativa la actitud de los Sindicatos que, lejos de colaborar con el trabajador y empleador ante la crisis producida por la disminución del trabajo, obligan a realizar esos aportes, pero más llamativo es el silencio de los políticos, la prensa y las asociaciones de profesionales que conocen bien el tema y en lugar de alertar sobre el particular, lo naturalizan (es el caso de los contadores públicos que liquidan los sueldos y abogados de empresas que firman los acuerdos con el Sindicato).

Mientras este esquema de descuentos de sueldos se sucede desde hace cuatro meses con los empleados del sector privado. Mientras profesionales y trabajadores independientes ven reducida su facturación por estar imposibilitados de trabajar. Mientras dueños de locales comerciales y oficinas debieron rebajar considerablemente sus alquileres, y hasta algunos los han cancelado. Mientras propietarios de inmuebles de vivienda debieron, también, reducir o hasta dejar de cobrar los alquileres a sus inquilinos desempleados, resulta que estos mismos sectores tienen que pagar el 100% de los elevados sueldos públicos de los tres poderes del Estado, empresas y entes estatales descentralizados, aunque muchos de estos no estén trabajando. Dado que no tiene recursos porque la recaudación impositiva cayó estrepitosamente por la inactividad, el Estado paga estos sueldos con emisión monetaria, inyectando el flagelo de inflación a la sociedad.    

 

Esta  INJUSTICIA SOCIAL tiene la particularidad de que es  generada por el mismo Estado desde el momento en que no ofrece una solución equitativa  al problema, aunque el contexto socio económico originado por la pandemia del covid 19 lo exija.

Nos ganó Uruguay, nuestro vecino, que sí recortó sueldos públicos. Un país pequeño, pero con gestos solidarios y de grandeza  del que tenemos mucho que aprender.


martes, 4 de agosto de 2020

EL ARGENTINO COMO ESCAPISTA

En las ferias de variedades, el artista del escape era una atracción fundamental. Aquí tuvimos al gran escapista Tu-Sam, una persona que a pesar de estar atado de pies y manos y metido en una caja blindada a metros bajo el agua, por ejemplo, lograba milagrosamente zafar.

 Zafar: esa es la palabra mágica que a mediados de los ochenta estaba en boca de una generación que salía de una situación de opresión como fue la dictadura y se preparaba para encarar su futuro. Cuarenta años después, las nuevas generaciones de milennials y centennials siguen hablando de zafar , re-zafar, o zaffaroni...

 En una sociedad sadomasoquista como la Argentina, marcada a fuego por el bondage social, con normas absurdas que limitan e impiden, con infinidad de restricciones, peajes, cepos, cuarentenas, clausuras y corralitos, no es raro que el escapismo se haya convertido en una habilidad fundamental para todo el que quiera sobrevivir.

 Y así el argentino se ha convertido en un experto en el arte del escapismo.

 Desde sus preferencias en la elección vocacional hasta la asignación de sus escasos recursos, todo está ligado para el argentino a una única preocupación central: cómo hacer para zafar de las infinitas trabas, obstáculos y penalizaciones que encuentra siempre para concretar cualquier proyecto que se le ocurra. Pues siempre encontrará, del otro lado del mostrador, un funcionario u algún otro ciudadano con prebendas dispuesto a vallarle el camino, esperándolo con alguna norma castradora, un veto, un impuesto creado ad-hoc, una amenaza de clausura inminente, un corralito, una cuarentena, una inhibición, una regulación...

 Esta característica del argentino (que en algún momento encarnamos en un personaje llamado Barrera Corrales) explica algunos hechos de la realidad que a primera vista pueden resultar inexplicables para cualquier observador foráneo. En este artículo me ocuparé de uno de estos hechos, que es la insólita elección vocacional de los argentinos al momento de estudiar carreras universitarias.

 DIME QUE ESTUDIAS Y TE DIRE CUALES SON TUS PEORES PESADILLAS

 En una familia decente y en un país normal, la vocación genuina se gesta y se desarrolla a partir de la asunción de libertad de movimientos. Un ser libre, asumiendo su libertad  (y la consecuente responsabilidad que acarrea su ejercicio) elige lo que le gusta, lo que le interesa, lo que le apasiona y lo que le gustaría desarrollar como profesión, con el objeto de ganarse la vida brindando un servicio a los demás.

 En un país tabicado, maniatado y amordazado, con una larga tradición de cepo y estaquiadura como métodos de disciplina social, y una maraña de normas restrictivas, entre las que encontramos regulaciones, tasas, timbrados, sellos, peajes, cupos, planes para algunos, programas para otros, excepciones, discriminaciones negativas y positivas, Decretos de Necesidad y Urgencia al por mayor, y mil trabas y vallados inimaginables más, la cosa es bien distinta.

 El gobierno y sus circunstanciales usurpadores- que son quienes mayormente ejercen el poder sádico del bondage social sobre una ciudadanía masoquista—insisten en presentar toda esta artillería medieval como “necesaria para cuidarte”. Mediante el procedimiento de mantenerte segmentado, amordazado, maniatado, acorralado y sobre todo, regulado hasta el milímetro, ellos prometen cuidar que no te intoxiques, que no te enfermes, que no te roben, que no te estafen, que no te vendan un producto por otro, y así siguiendo. En todo estás vos. En todo están ellos. El Estado está más presente que nunca, sobre todo en la publicidad.

 Así, no es raro que la elección vocacional de los argentinos tenga que ver con el padecimiento claustrofóbico provocado por la hipertrofia de medidas restrictivas. En ese contexto, el objetivo es liberarse de las restricciones.  Por eso el argentino elige aquellas profesiones que le permitan cortar las ataduras que lo mantienen amordazado y sometido al goce perverso del Otro. En este sentido, como veremos a continuación, uno podría suponer que la elección vocacional del argentino revela cierto grado de salud mental, pues es coherente y busca la liberación, y esto es un dato positivo. Pero no nos adelantemos...

 En Argentina las profesiones más elegidas en la UBA en 2019 fueron medicina, psicología, contador, abogacia. En ese orden, medicina y psicología a la cabeza.

 Lo que estos datos nos dicen es muy simple. Cada una de estas profesiones está concebida para lidiar con un problema determinado.

 

PROBLEMA

PROFESION

La enfermedad y la muerte

La Medicina

La confusión mental, el sufrimiento psíquico

La Psicología

El Dinero y su distribución.

La Contaduría y la Economía

La Injusticia

La Abogacía

 

Quienes se sienten acechados por las enfermedades y la muerte, (cuestiones asociadas a la pobreza en países como los nuestros) estudiarán Medicina con el objetivo de ser más saludables.

Quienes sean víctimas de sufrimiento psíquico y confusión mental, estudiarán psicología con el objeto de hallar claridad mental y sosiego.

Quienes padezcan la miseria o por el contrario sean tan ricos que no sepan qué hacer con tanta riqueza, estudiarán economía a fin de salir de la miseria en un caso o de proteger sus activos de las inestabilidades recurrentes en el otro.

Quienes sufran en carne propia las injusticias de la Ley estudiarán Abogacía para blindarse contra los atropellos legales.

 Esto puede parecer una simplificación, pero no lo es. En Medicina, gran parte del estudiantado padece problemas de salud. En Psicología ídem. En las cárceles lo que más se estudia es abogacía. En cuanto a la economía, quienes la estudian están muy preocupados por el dinero. Y no digo nada nuevo.

 Mirando el cuadro, uno debería esperar que siendo éstas las carreras más elegidas en la Universidad, la Argentina sea un país rico, saludable, justo y claro. Pero en vez de eso tenemos un país pobre, enfermo, injusto y confuso.

 

¿Dónde está el problema? El problema, como vengo insistiendo, es cultural.

 

EL ASUNTO ES: ¿DE QUE LADO DEL MOSTRADOR ESTAS?

La cultura del bondage social o sadomasoquismo social empuja al argentino a estudiar no para crear valor ni dar servicio al prójimo, sino ante todo para liberarse de las imposiciones absurdas y de los peajes, para  sacudirse la telaraña que otros argentinos están tejiendo para él, o eludir la trampa que otros más duchos le han tendido para que caiga.

 El punto es: ¿Estás del lado correcto (el lado de los que ponen las reglas y hacen las normas) o del lado incorrecto (el lado de quienes se ven obligados a padecer el calvario de regulaciones y restricciones)?

 Así, los "confundidos", los "enfermos", los "pobres" y los "culpables" de este país estudian para estar algún día del otro lado del mostrador. Del lado de los que la tienen clara, de los sanos, de los ricos y de los que son inocentes.

 El problema es que cuando al fin logra pegar el salto y estar del lado correcto del mostrador, el argentino se queda allí, sin ningún interés genuino en combatir realmente los flagelos que originariamente le preocupaban. Dichos flagelos ya no lo alcanzan: ¡ha zafado! Y su interés vocacional primario, que era verse libre de condicionamientos de otros, está cumplido. Acto seguido abandona sin remordimientos su antiguo rol masoquista y empieza a ejercer el rol sádico en el mismo juego perverso, pretendiendo imponer a los demás las mismas normas absurdas que alguna vez le tocó padecer.

 Psicoanalíticamente hablando, reproduce activamente lo sufrido pasivamente.

 Repito: por efecto de la cultura sadomasoquista social en la que está inmerso, el argentino no estudia para crear valor y dar servicio, sino para alcanzar un privilegio social: el privilegio social de tejer telarañas, imponer peajes, corralitos, restricciones, trabas, tributos y condicionamientos a otros argentinos. El privilegio de pasar del lado masoquista al lado sádico de la ecuación.

 Si su interés vocacional primario hubiese sido en cambio crear valor y dar servicio, se daría cuenta cuán deficitaria es la situación actual del país, y se arremangaría la camisa. Pero... ¿para qué? De cualquier manera, la maraña de trabas y obstáculos pronto habrá de torcer su vocación hacia cuestiones más necesarias para la supervivencia, como es el arte del escapismo.

 Por eso, a pesar de que tenemos grandes universidades y enormes talentos, tenemos un país empobrecido. Los recursos vitales, académicos y científicos se consumen en el faraónico esfuerzo de unos para regular la vida de otros, y en el no menos faraónico y desesperado esfuerzo de estos otros para eludir sus regulaciones asfixiantes.

 Mientras tanto, nadie piensa en cómo solucionar los problemas, cómo dar servicio, cómo crear valor genuino (sé que exagero un poco, pero permítaseme esa licencia para remarcar los puntos importantes de mi postura)

 Para terminar, una pequeña chanza: ¿Por qué tan pocos estudian tecnología en este país? Respuesta: porque la tecnología no se percibe como un factor de opresión. El día que los robots empiecen a molestar al argentino, ese día legiones de argentinos se volcarán al estudio de la robótica, pero no para mejorar la calidad de vida de los argentinos, sino para impedir que los robots o quienes los diseñan les copen la parada.

OTRA VACA ATADA - DE LOS AÑOS DE LUCHA, AL ESPLENDOR Y EL OCASO DEL SINDICALISMO ARGENTINO

Por Jorge A. Tizón (jorgeatizon@gmail.com)

Mi madre solía contarme que en el año 1954 pudo al fin comprar un terreno a 30 km de Buenos Aires gracias a un préstamo hipotecario que le otorgó el Sindicato de la UOM  (Unión Obrera Metalúrgica) al que ella estaba afiliada por trabajar en una fábrica de herrajes. El terreno significaba su liberación de la continua incertidumbre de alquilar y el comienzo de una vida de esfuerzos y también de amor, pues allí construyó junto a mi padre la casa donde unos años más tarde nací yo. Mi madre también solía recordarme que la primera vez que salió de vacaciones -con vacaciones pagas- fue en ocasión de casarse con mi padre en el año 1959. Ambos tenían 26 años y  fueron de luna de miel a un magnífico hotel del Sindicato de la UOM en Córdoba. Podría continuar, pero tomo estos dos ejemplos mínimos que conozco de primera voz sólo para ilustrar que hubo una época en que los sindicatos argentinos estuvieron exclusivamente al servicio de un plan integral social de gobierno y del trabajador. Aunque la realidad de hoy día, lamentablemente, nos devuelve una imagen muy distinta.

 

Podríamos diferenciar cuatro etapas en el contexto de evolución del sindicalismo en la Argentina. En esta entrega hablaremos de la primera.  

 

ETAPA 1: LOS INICIOS. LAS GRANDES LUCHAS

 El sindicalismo en la Argentina comenzó a asomar lentamente hacia 1880 con elementos anarquistas provenientes de la creciente inmigración europea. Llegaron al país con hambre y espíritu de lucha. El obrero argentino, en cambio, inculto, manso y resignado, que trabajaba de sol a sol y que poco o nada sabía sobre lo que estaba sucediendo en el mundo en relación al trabajo, no tenía ni la mente ni la fuerza física necesaria para pensar en exigir mejores condiciones de vida.        

 Para 1880 tanto el emplazamiento de los primeros frigoríficos en el país y la llegada del  teléfono, como así también la instalación de las líneas férreas y el telégrafo unas décadas antes, respondían a las mismas causas: la presencia de los capitales extranjeros (de hegemonía inglesa al  principio, norteamericanas después), que vieron una excelente oportunidad de hacer inversiones y nuevos negocios, aportando a nuestro creciente desarrollo. Es en esos ámbitos – ferroviarios, telefónicos, frigoríficos- donde surgen los primeros reclamos de importancia por mejores salarios y menores horas de trabajo a través de las todavía incipientes y primitivas organizaciones sindicales a la manera de mutuales. Antes habían surgido algo así como “sindicatos” de oficios (panaderos, cocheros, albañiles, cigarreros) que, dispersos y sin organización, poco pudieron hacer.

 El ferroviario fue uno de los primeros sectores obreros que se organizó como sindicato, fundando en 1887 “La Fraternidad”. A los reclamos siguieron las huelgas, arengadas por los socialistas y anarquistas extranjeros. Por carencia de formación y ausencia de orientación los obreros argentinos ignoraban que después de la etapa de protesta restaba la alternativa de la huelga, aunque con el tiempo fueron adquiriendo experiencia.

La respuesta de la patronal ante esos reclamos era siempre negativa y terminaba con el despido de los obreros molestos y su reemplazo por otros más sumisos. El gobierno nacional no intervenía en absoluto. Tanto las empresas extranjeras como la burguesía nacional terrateniente decidían según su conveniencia.

A los hombres del Régimen no les interesaba el obrero sino cuando necesitaban su voto – manipulado o comprado-, aunque ya les había empezado a preocupar. No por nada el presidente Julio A. Roca solicitó investigaciones sobre cómo estaban los derechos laborales en el país, lo que dio como resultado  el informe del socialista Bialet Massé en 1904.

Este “informe sobre el estado de las clases obreras argentinas” tuvo como consecuencia la posterior creación del Departamento Nacional de Trabajo (DNT) en 1907 -que no fue tan nacional, más bien estuvo circunscripto a la ciudad de Buenos aires-, y que  lamentablemente resultó muy ineficaz a la hora de actuar como poder encargado de vigilar y hacer cumplir las pocas leyes laborales que existían y de mediar entre el capital y el trabajo. Fue una oficina burocrática recopiladora de información estadística que aportó muy poco. Tanto la patronal como las organizaciones de trabajadores cuestionaban sus números “viciados”.

       

En el contexto mundial, a comienzo del siglo XX la situación del obrero en la Argentina no era muy diferente al de Inglaterra, Estados Unidos, Francia o Rusia, por citar algunos países. La revolución industrial, iniciada en Inglaterra hacia fines del siglo dieciocho  y expandida varias décadas más tarde a Europa occidental y América anglosajona,  dio origen a los movimientos reivindicatorios de los trabajadores. Producto de esa revolución industrial el obrero se había convertido en el descendiente natural del esclavo.   No eran tratados como seres humanos con derechos básicos, trabajaban jornadas de doce a 14 horas diarias, incluyendo a mujeres y niños, sin francos ni descansos ni cuidados sanitarios, con salarios paupérrimos, y en muchos casos- como sucedía en nuestro país- cobrando en “vales” que, al cambiarlos por dinero moneda nacional, sufrían descuentos.

 La vida laboral se fue tornando cada vez más insostenible, abriendo el camino a luchas cada vez más combativas. Así tenemos que en nuestro país los festejos del primer centenario de la revolución de mayo en 1910 se celebraron bajo el estado de sitio y acompañados de huelgas obreras propiciadas por la FORA (Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista) y CORA (Confederación Obrera no anarquista), con represión policial y  acontecimientos violentos.

  

En 1916 asumió la presidencia de la nación el Dr. Hipólito Yrigoyen (primeras elecciones con sufragio universal). Apenas asume Yrigoyen piensa en el trabajador. Sabe que las leyes obreras son casi nulas y las pocas que hay, obra de socialistas y radicales como el descanso dominical, las del trabajo de las mujeres y los niños, no se cumplen. ¡Cómo debe haber contemplado con asombro todo lo que restaba por hacerse en cuanto a salarios del obrero, su vivienda, su jubilación y la forma de resolución de conflictos con los dueños de las empresas, mayoritariamente de capital extranjero!

Hubo que estudiarlo todo prácticamente desde cero. Recién en el año 1918 comenzaron a verse las primeras leyes sociales votadas por el Congreso nacional  (muchas de ellas increíblemente combatidas por el partido socialista) con el fin último que propuso el presidente en sus mensajes a legisladores que es el de alcanzar “un mínimo de bienestar” en el pueblo trabajador.

El proletariado estaba esperanzado con Yrigoyen. Por primera vez un presidente argentino se interesa en la justicia social y recibe a los obreros en su despacho. Yrigoyen opina que "es irritante la desigualdad entre la riqueza deslumbrante frente a la pobreza y a la miseria extremas". Por primera vez un presidente interviene como mediador en los conflictos del trabajo. Un ejemplo de esto es el acuerdo de los telefónicos firmado con Yrigoyen como testigo presencial, que lo obligaba a intervenir si la empresa no respetaba lo pactado. Ese acuerdo dio lugar a la concreción de la “Federación Argentina de Telefonistas”, una forma de organización sindical de avanzada para la época que los llevará en 1928 a conseguir el primer convenio colectivo de trabajo. Esto sucedió gracias a la enérgica intervención del presidente Yrigoyen, ya que el Departamento Nacional de Trabajo (DNT) que existía desde 1907 era muy inoperante. Pero se avecinaban tiempos muy difíciles. Tanto los dueños de los campos, los obrajes del interior y las industrias estaban convencidos que pagaban bien a sus trabajadores. A las oligarquías nacionales o las empresas de capitales extranjeros nunca se les había cuestionado nada ni se les había obligado a cumplir las pocas leyes sociales que existían, por lo que lo mínimo que se les pidiera a partir del nuevo gobierno era motivo de confrontación.

 Al no haber cambios sustanciales, comenzaron las  infinitas huelgas (ferroviarios, portuarios, etc.). El gobierno de Yrigoyen concentró la mayor cantidad de huelgas de la primera mitad del siglo XX. El año 1919 fue  récord de huelgas. La primera comenzó en los talleres metalúrgicos de Vasena (de inmigrantes italianos), uno de los más importantes del país. El hecho se conoció como “la semana trágica”, en la que murieron obreros, algunos policías y sobre todo gente común que caminaba por la calle o se asomó a la ventana y recibió un balazo; también se quemaron autos y la iglesia del Sagrado Corazón, se atacó al edificio del Correo y al Departamento de Policía y se asaltaron varias  comisarías. Fue una revolución social.

 Hacia 1920 también sobrevinieron huelgas en la Patagonia argentina – donde la paga y las condiciones de trabajo de los peones eran mucho peores que en los centros urbanos- que terminaron con la tragedia de obreros fusilados, el triunfo de las Sociedad Rural y un fuerte dolor de cabeza para el gobierno.

 

Ocurría que las noticias llegadas de Rusia durante 1918 sobre el triunfo del maximalismo trastornaron a los obreros y a la gente pobre a quienes, dada las necesidades que padecían y el aumento del costo de vida, no les faltaban motivos para la lucha, pero pronto dejaron de apoyar a los agitadores. Yrigoyen logró detener la revolución social maximalista rusa e interrumpir su desarrollo subterráneo. El trabajador argentino comprendió que el anarquismo era una utopía y fue volcándose a las masas radicales, aunque la mayoría quedó al margen de las organizaciones obreras cuyos dirigentes -ahora socialistas y comunistas- no supieron atraerlas.

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Del análisis de los hechos  queda claro que el sentido de “justicia social” no existía en el país. Se fue formando de a poco. Lo mismo sucedía en el mundo, pues recién en 1919 se creó la OIT  (organización internacional del trabajo) como parte del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, la que reconocía en sus fundamentos “la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento”.

 

Durante la década de 1920 a 1930 gobernaron la Argentina los radicales Torcuato de Alvear e Hipólito Yrigoyen. Las contradicciones internas dentro del mismo partido entre yrigoyenistas y alvearistas provocaron que durante ese período se avanzara muy poco en materia social, mientras la vieja oligarquía por otro lado fue recuperando su poder.

 Hasta que sucedió el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 (el primero en la Argentina democrática) que derrocó a Hipólito Yrigoyen a solo dos años de haber comenzado su segundo mandato, y todo volvió a foja cero.

  Hubo situaciones violentas con huelguistas reprimidos y ultimados y radicales yrigoyenistas perseguidos y encarcelados, incluído el mismo ex presidente depuesto. Paradójicamente, a pocos días de asumir el gobierno militar se creó la primera CGT (Confederación General del Trabajo) producto de gestiones de años anteriores y surgida de la fusión de otras organizaciones ya existentes y divididas,  con preeminencia socialista, sindicalistas y comunistas en la dirigencia. El gremio ferroviario fue su mayor impulsor.  

 

A partir del golpe de 1930 y durante todo el período de la llamada Década Infame que se prolongará hasta 1943, los cambios políticos (fraude electoral) y económicos que sobrevinieron fueron obstáculos para el desarrollo social.

La gran depresión internacional de 1929 impactó con fuerza en nuestro país, generando niveles de pobreza y desocupación nunca antes vistos. A pesar de estas dificultades y de sus constantes divisiones por cuestiones ideológicas y de procedimientos las organizaciones sindicales siguieron en pie con su dirigencia socialista y comunista, pero sin atraer a la gran masa trabajadora. La CGT trató de asegurar su supervivencia teniendo como preocupación permanente la de lograr una central única a nivel nacional que coordinara y cohesionara la acción sindical por rama de actividad. Hubo muchos intentos, casi todos fallidos.

En cuanto a la estructura interna de la CGT, se habría acordado que los dirigentes con dedicación permanente cobraran un sueldo pagado con aporte de cada sindicato, quienes a su vez recaudarían “cotizaciones” no fijas ni obligatorias de sus trabajadores afiliados. Hay poca información al respecto, aunque considerando los magros salarios de los trabajadores y la etapa de incipiente consolidación de la organización y cohesión interna que se vivía, además de la lucha por leyes sociales y por la supervivencia sindical, es de suponer que esas cotizaciones o cuota sindical eran de irregular percepción.    

De la crisis del ´30 se fue saliendo de a poco y hacia 1935 el país registró un crecimiento industrial de importancia como coletazo de la crisis internacional, del agotamiento del modelo agro-exportador y la consecuente necesidad argentina de sustituir importaciones. Las industrias se ubicaron en la franja portuaria entre Santa Fe y La Plata y se centralizó en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Hay que aclararlo: era industria liviana, no una gran industria: textiles, alimentación, metalurgia elemental. Dada la apremiante necesidad de trabajo se generaron migraciones (criollas) desde el interior del país hacia esas zonas industriales con el consiguiente crecimiento de la población obrera, que debido a la ausencia de una planificación deliberada y coherente, terminó provocando desigualdades regionales. Es muy importante tener presente este proceso para comprender lo que sucederá diez años más tarde.

De todas formas el crecimiento industrial de 1935 y años siguientes quedó como estadística para los libros de historia mientras  las ganancias fueron a parar a los bolsillos de la burguesía industrial, pues dicha expansión económica no se vio reflejado en mejoras de salarios y condiciones de trabajo de la masa obrera. Todo lo contrario. Las leyes seguían siendo escasas aunque se dieran elocuentes debates en el Congreso, y las que había no se cumplían. Se agregaba para la gente humilde el problema de la escasez habitacional que dio lugar a la aparición de las primeras villas miserias. El Estado permanecía como un espectador estático e irresoluto.

En 1935 eran muy pocos los derechos sociales que podían gozar los trabajadores. Solo algunos pocos gremios como Comercio, Bancarios, Ferroviarios y trabajadores del Estado habían conseguido las vacaciones y licencias por enfermedad pagas y cajas de jubilaciones y pensiones. Eran una especie de aristocracia laboral frente al resto de los trabajadores totalmente desprotegidos.

En el caso de las cajas de jubilaciones de los gremios beneficiados, éstas se configuraban con aportes de empleados y empresarios. Pero no sólo de ellos…  Como las Cajas jubilatorias estaban siempre desfinanciadas, pues los empresarios no siempre cumplían con el aporte que les correspondía… ¿quién terminaba cubriendo el déficit?  Usted ya debe haber adivinado la respuesta: el Estado, es decir todos los argentinos.

Sí, el Estado contribuía con las Cajas de estos “sindicatos privilegiados” a través de aporte directo o por el cobro de impuestos a los ciudadanos no incluidos en las actividades favorecidas,  lo cual  generaba la situación injusta de que quienes no gozaban de una caja jubilatoria tuvieran que aportar con sus impuestos a quienes sí la tenían.