Una injusticia social cada vez más visible
Por Elena Duker eleduker@gmail.com
Si hay
algo para lo que sirven las crisis dentro del contexto de un país es para
visibilizar situaciones anómalas que en tiempos de vida normal pasan
desapercibidas, pero que cuando emergen producto del descalabro económico que
provocan obliga a quienes tienen la responsabilidad de gobernar a mirarlas, analizarlas y repararlas. Y a los ciudadanos
nos da la oportunidad de pensar la cuestión sin hipocresías ni egoísmos ni
ideologismos, poniéndola en el tapete de la discusión política y exigiendo un
cambio.
La idea
de “injusticia social” de la que voy a hablar me la inspiró la lectura de un
artículo publicado en este mismo sitio por el Dr. Francisco Dichiara referido a la
injusticia social entre quienes hacen facturas y pagan impuestos y quienes no:
El
término “injusticia social” es apropiado para clarificar una realidad que no es
tenida en cuenta por los políticos – ni partido gobernante ni oposición- y que
es la desigualdad social (y su hija, la
injusticia social) que existe en
nuestro país entre quienes son empleados
públicos y los trabajadores (en relación de dependencia y autónomos) que no lo son.
Por empleados
públicos me refiero a todos aquellos que cobran un sueldo del Estado sin
diferencias de rangos (desde ministros, legisladores, asesores de legisladores,
funcionarios de organismos y empresas públicas, directores de bancos oficiales, docentes y simples
empleados). Son sueldos pagados por todos los argentinos en
tanto que son sueldos públicos.
Cuando
el 20/3/2020 el presidente decretó que todos los argentinos- salvo los
trabajadores de las actividades esenciales de salud, alimentos y seguridad-
debían cumplir un aislamiento social
obligatorio quedándose en sus casas hasta el 31 de marzo, lo que implicaba para muchos trabajadores
del sector privado no ir a trabajar a su oficina, no abrir su negocio o
consultorio, no ir a prestar un servicio, hubo un fuerte apoyo popular a la
medida sanitaria, pero también surgieron muchas preocupaciones: las de las
personas que viven del sueldo que les
paga su empleador- empresa pyme o mediana-grande- porque saben que si no hay
actividad su empleador no facturará, y por lo tanto se le cortará el flujo de
ingresos y no tendrá dinero para pagar sus sueldos y, peor aún, pueden quedar
despedidos. La misma preocupación tiene el monotributista y autónomo que tiene
un comercio, o presta un servicio, o es un profesional independiente y durante
el tiempo que dure la obligación del aislamiento tampoco podrá facturar ni
tener ingreso de dinero alguno.
Hay
incertidumbre y angustia en estas personas. Porque, obviamente, lo primero es
la salud, pero para tener salud también hay que poder pagar la vivienda y la
comida, y eso se hace sólo con dinero, no con cháchara. Por eso es falso decir que “si el dilema es
la economía o la vida, yo elijo la vida”, como dijo nuestro presidente (23-03-2020).
Quienes están acostumbrados a obtener su
dinero trabajando en el sector privado hoy están literalmente desesperados.
Y sabemos que el impacto emocional de la
angustia, el miedo y la preocupación afecta directamente a la salud, algo que
no está siendo tenido en cuenta por la política. El panorama se agravó
desde el momento en que el presidente prolongó la cuarentena obligatoria hasta
el 26 de abril de 2020 (y tal vez se siga prolongando, lo cual agravaría la
situación).
Ahora
bien, el contexto emocional y económico arriba
descripto es completamente diferente para quienes son empleados públicos. Ellos pueden hacer la cuarentena en sus
casas, tranquilos, sin la desesperación
de necesitar ir a trabajar cuanto antes para obtener ingresos, porque tienen la
seguridad de que a fin de mes cobran el sueldo completo.
Y esto
constituye una verdadera injusticia
social. Porque visibiliza a una clase social privilegiada y protegida por el Estado
(empleados públicos) frente a otra totalmente
desamparada (trabajadores dependientes o monotributistas- autónomos- del sector
privado).
Lo
paradójico de la cuestión es que los recursos para mantener al Estado los
aporta el sector privado de la economía, por lo que mantener
esta situación de desigualdad social es no sólo inhumana para las personas
afectadas sino suicida para la
propia economía; es como matar a la
gallina que pone los huevos de oro.
No se trata, en absoluto, de estigmatizar
al empleado público, pues ellos no tienen la responsabilidad de gobernar y
atender los servicios comunes, se trata
de que el Estado reordene solidariamente los gastos y recursos para que en esta
situación de angustia y caos económico que estamos viviendo “se incluya” bajo
la protección del Estado a “todos” los
argentinos y no solo a una parte.
Porque
hay sueldos muy altos en el Estado y son muchísimos más multiplicados por la
cantidad de organismos que existen. Se tiene poca idea de la magnitud del
Estado: desde poder Legislativo (diputados, senadores y sus respectivos
asesores); poder Judicial, Ministerios y
sus dependencias; Organismos: Anses, IGJ, Archivo General de la Nación,
Auditoria General de la Nación, AFIP,
Aduana, Sigen, Indec, Inadi y otros organismos de derechos humanos; Inpi, Inta,
Inti, Administración General de Puertos, Vialidad Nacional; BANCOS oficiales,
CNV, Casa de moneda. EMPRESAS: Aerolíneas Argentinas, Intercargo, YPF, Aysa,
Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, etc, etc, además de toda el área de
Cultura, Museos, Teatros, Sanidad, Seguridad y Servicio diplomático.
El
gobierno tomó algunas medidas “parche” para aliviar el impacto económico como
otorgar una suma fija de $10.000 a personas desempleadas y trabajadores
monotributistas independientes de las categorías inferiores A y B. También
ayudará a pagar una parte de los sueldos en los casos de pymes de hasta 100
empleados (ojo que sólo pagará hasta
$16.875 por cada trabajador, el resto del sueldo lo tiene que pagar la pyme ) y
planea reducir las contribuciones patronales.
Todo
esto está muy bien pero… ¿y el resto de los ciudadanos? Un monotributista categoría C o superior que
tiene una peluquería o un bar, o es electricista de obra, o es profesional
independiente, ¿qué hace?, ¿de qué
vive? De sus ahorros, contestan algunos. Pero ¿ es justo que estas personas a las que el Estado desampara se consuman
sus ahorros - si es que los tienen- mientras que quienes son empleados del
Estado con sueldos muy altos lo siguen cobrando igual?
Por otro
lado el gobierno adopta medidas como pedirle a los bancos que otorguen créditos
a baja tasa de interés (no tan baja, 24% anual) a las pymes y empresas más
grandes para que puedan contar con dinero para pagar sus obligaciones, entonces
uno se pregunta: ¿es justo que ante una
situación de inactividad productiva como la que vive una pyme tenga que
endeudarse para sobrevivir mientras que el Estado no recorta uno solo de sus gastos? (además los bancos no están respondiendo
favorablemente, pues no quieren prestar sin analizar los riesgos, y
naturalmente no prestarán a empresas fragilizadas).
Como
consecuencia de que se empezaron a alzar muchas voces (cacerolazos mediante)
exigiendo “un gesto de la clase política”, hubo “algunas propuestas” de quitas
de dietas a legisladores, que quedaron en eso, en propuestas. Todos (gobierno y
oposición) son renuentes a disminuir sus sueldos aunque no estén trabajando, pues el Congreso nacional no está
sesionando.
Pero,
además, sabemos que si se quiere hacer
un recorte del gasto público como gesto solidario a una sociedad que está
haciendo sacrificios económicos para sobrevivir, las quitas de dietas en el cuerpo legislativo representan apenas una ínfima parte. Lo que
tendría que hacer el gobierno es recortar todos los sueldos altos de toda la
administración pública, que es gigante, y distribuir parte de ese ahorro como ayuda económica a la sociedad que
está excluida de toda ayuda hasta el
momento. Por supuesto que esto
tendría que ser extensivo a gobernadores e intendentes en sus respectivas
jurisdicciones.
Un
ejemplo para que se entienda la magnitud
de esta injusticia social: un monotributista Categoría E tiene ingresos
mensuales de hasta $69.000 (según tabla de Afip). Este trabajador no factura
durante el período de cuarentena por no poder realizar su actividad, por lo
tanto tiene “0”
(cero) ingreso de dinero. Un empleado de
categoría media de Aerolíneas Argentinas con un poco de antigüedad, tiene ese
sueldo cómodamente, y lo cobra durante el período de aislamiento aunque no esté
trabajando. ¿Es o no una injusticia
social que unos cobren cero y otros cobren como en una situación de vida
normal? ¿No amerita tomar algún curso de acción? ¿Dónde está la tan nombrada
solidaridad?
6 comentarios:
Tantos funcuinarios en el gobierno y a ninguno se le ocurre hacer un inventario , llamando uno por uno, viendo sus CV y cheuqueando el trabajo que hacen a fin de evaluar el sueldo que les pagan??
es cierto, es un chiste hablar sólo de recortar dietas de legisladores cuando hay muchísimos sueldos altísimos en el resto del estado...Que publiquen los sueldos de cada organismo. Conozco un empleado con antiguedad que trabaja en Aduana, no profesional, trabaja 6 horas y con la libertad de no ir cuando quiere y gana 100.000 y se va a jubilar ganando esa cifra!!
Los empleados públicos ya no son empleados a secas, muchos de ellos son "empleados militantes". Lamentablemente... Néstor lo hizo...
Lo de Aerolíneas Argentinas es una verdadera verguenza... Aquí faltan mencionar los organismos reguladores de empresas privatizadas. todos ñoquis.. y en educación el Coneau y tantas universidades por donde se reparten fondos públicos!
Ayer en el programa de Majul difundieron sueldos del Estado. Una verguenza que no se tome la medida de reducir todos esos sueldos para paliar la situación de todo el sector privado. Muy cierto, una gran DESIGUALDAD!!
Lo mismo podría aplicarse para la ciudad de Buenos Aires. Un legislador gana $150.000, como la joven Ofelia, sin experiencia más que por tomar escuelas, ademas tiene asesores.... ¿Larreta y Santilli no van a decir ni hacer nada? unas basuras todos, sea cual sea el color politico.
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